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El domingo 9 de agosto se celebró el vigésimo primer Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado en la sede de la ONU en Nueva York. Los participantes discutieron la agenda siguiente al Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas de 2015, que se centra en asegurar la salud y el bienestar de los pueblos indígenas [1].

Mientras que el Foro Permanente celebra su trigésimo aniversario y centra sus esfuerzos en una nueva serie de desafíos, PBI rememora el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el cual culminó en diciembre de 2014. El tema de la década, que fue “Acción y dignidad”, buscaba garantizar la completa participación de los pueblos indígenas en las decisiones que afectaran sus modos de vida tradicionales y sus territorios, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [2] y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 [3]. También tenía como objetivo promover una visión de desarrollo más equitativa que respetara la integridad cultural y las tierras indígenas.

Los pueblos indígenas se encuentran al frente de la lucha por los derechos a la tierra y los derechos ambientales, y es dicha defensa de sus derechos la que suele ponerlos en conflicto con proyectos de inversión a larga escala. Un informe de consultoría de 2011 presentado por el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU enfatizó la obligación de los estados de obtener el “consentimiento libre, previo e informado” de los grupos indígenas antes de permitir que se lleve a cabo alguno de dichos proyecto sobre territorios tradicionales [4]. Pese a esto, en los últimos años ha aumentado drásticamente el número de amenazas y ataques contra comunidades indígenas que reivindican este derecho.

“Deadly Environment”, un informe producido por el grupo de campaña Global Witness en 2014 reveló que el número de muertes de activistas ambientales se triplicó de 2002 a 2012 [5]. La extremadamente baja tasa de procesamiento por este tipo de crímenes refleja el continuo clima de impunidad que gozan los agentes privados, paramilitares y estatales, que buscan silenciar a los defensores de los derechos a los recursos naturales. Un nuevo informe de seguimiento que analiza la situación de las amenazas durante 2014 no muestra mitigación alguna en dicha tendencia. El informe señala que hubo 116 casos de asesinatos de defensores ambientales, lo que da un promedio de más de dos muertes por semana. Aproximadamente tres cuartos de dichas víctimas se encontraban en América Central y América del Sur, y 40 % eran indígenas [6].

Además de asesinatos, los activistas se enfrentan a otros mayores riesgos, como la violencia física, la criminalización y la restricción de sus libertades.

Muchas de las organizaciones que PBI acompaña se encuentran bajo amenaza por defender las comunidades indígenas en la lucha para proteger sus tierras ancestrales y su patrimonio cultural. Dichas organizaciones se encuentran en varios países cuyos problemas Global Witness califica como más serios, tales como Honduras, Colombia y Guatemala.

Con 12 asesinatos denunciados en 2014, se considera que Honduras es actualmente el país más afectado per cápita del mundo. Desde entonces, PBI mantiene allí un equipo en el terreno. Entre los defensores de derechos humanos que PBI acompaña se encuentra el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC). El Centro representa a las comunidades indígenas afectadas por la minería, la industria agraria y los proyectos hidroeléctricos y, además, se hace cargo de los casos legales de activistas criminalizados. El trabajo que CEHPRODEC desempeña incluye el acompañamiento del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH) en su resistencia a la realización de proyectos hidroeléctricos en su territorio. Desde principios de 2015, tres miembros de la comunidad fueron asesinados y dos líderes de MILPAH fueron detenidos.

En Guatemala, PBI ha acompañado a la Coordinadora Campesina Chortí Nuevo Día (CCCND) [7] desde 2009. La organización brinda apoyo y representación legal a las comunidades indígenas Chortí en la región guatemaltense de Chiquimula que han estado trabajando para fortalecer los procesos comunitarios y oponerse a la construcción de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus tierras ancestrales. En los últimos años, gran parte de este trabajo se ha centrado en ejercer presión para que se establezcan consultas efectivas a la comunidad antes de proceder con la construcción planificada de diversas plantas hidroeléctricas en la región. Durante 2014, los miembros de CCCND sufrieron un alarmante aumento en el número de amenazas y ataques: en tan solo seis meses informaron a PBI sobre 81 incidentes de seguridad. En septiembre, varios protestantes resultaron heridos y dos miembros de CCCND fueron arrestados durante protestas pacíficas, las cuales fueron interrumpidas por la policía con armas de fuego, bombas lacrimógenas, palos y piedras [8]. La organización Front Line Defenders manifestó que “el arresto y la detención de Norma Lila Sut Sancir y de Carlos Alfredo Juárez Díaz forma parte de un intento de las autoridades de criminalizar a defensores de derechos humanos” [9].

Incidentes como éste representan tan solo un pequeño porcentaje del creciente número de intimidaciones, acosos legales y episodios de violencia contra comunidades indígenas que promueven el desarrollo sustentable, equitativo y culturalmente adecuado descrito en la agenda del Decenio para la acción y la dignidad. Si algún día la visión de la agenda se llega a convertir en realidad, ahora más que nunca es fundamental proteger los espacios políticos para los defensores de los derechos humanos de la población indígena.