La crisis sociopolítica en Nicaragua ha trastocado a la sociedad de este pequeño país. Desde el ciudadano “de a pie”, al sector empresarial y político, incluyendo a personas que laboran en cualquier rubro; especialmente médicos, abogados y periodistas.

El gremio periodístico es uno de los grupos perseguidos por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre Nicaragua, publicado el 28 de octubre de 2021.

La crisis que sufre la prensa independiente en el país centroamericano se remonta al año 2007, luego que Ortega ganara unas cuestionadas elecciones y, cuando la ahora vicepresidenta, Rosario Murillo, anunciara la implementación de una estrategia gubernamental de solo “información incontaminada”.

Entonces la señora Murillo fungía como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del gobierno nicaragüense, encargado de la difusión de toda la información “incontaminada” proveniente de las Instituciones del Estado.

Así, cualquier periodista que precisara de información estatal o gubernamental, debía abocarse a su discurso diario, al mediodía, puesto que ningún funcionario del Estado tenía permitido brindar información pertinente a su labor a medios no oficialistas.

La familia en el gobierno también empezó a adquirir medios de comunicación como los canales de televisión abierta 8, 13 y Canal 2, un grupo de radioemisoras en todo el país, y plataformas como El 19 Digital, Juventud Presidente y Barricada.

La administración Ortega empezaría a repartir la publicidad estatal solo entre los medios oficialistas y evitaría a cualquier costo posicionar publicidad en medios de comunicación independientes.

Labor fundamental pero peligrosa

Durante las protestas ciudadanas del año 2018, la labor periodística se volvió más peligrosa. El 21 de abril del año 2018 fue asesinado el periodista Ángel Gahona, director del noticiero El Meridiano. Gahona recibió un disparo en la cabeza mientras transmitía en vivo a través de Facebook las manifestaciones ocurridas esa noche en la ciudad de Bluefields.

Gustavo Mohme, entonces presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, “expresó su consternación y condolencias a los familiares y colegas del periodista. Pidió públicamente a las autoridades que investiguen los hechos, a las que (también) responsabilizó por la represión desproporcionada de las fuerzas de seguridad”.

Estas noticias contradecían el discurso oficial de que “en Nicaragua todo estaba normal”.

A medida que la represión de las protestas recrudecía, el gobierno de Daniel Ortega buscaba culpables de lo sucedido.

Fue así como desde el gobierno circuló la versión de que los culpables de las muertes en las manifestaciones eran los mismos manifestantes, a los que Murillo acusó en cadena nacional de “golpistas” y “terroristas”.

Es así como la primera oleada de periodistas exiliados empezó a registrarse. Según Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), unos 60 trabajadores de prensa fueron obligados a salir de Nicaragua entre 2018 y 2019, principalmente hacia Costa Rica y El Salvador.

El 13 de diciembre de 2018 las autoridades estatales allanaron las oficinas de la revista Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro.

La noche del 21 de diciembre de 2018, tocó el turno al canal 100% Noticias. Esa noche encarcelaron a su director, Miguel Mora, y a su directora de prensa, Lucía Pineda.

Carlos Fernando Chamorro y parte de su equipo tuvieron que exiliarse en Costa Rica, desde donde continuaron informando gracias a la colaboración de canales de televisión costarricenses.

Nicaragua, un Estado policial

“La concentración de poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial, donde el gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones estatales y paraestatales avalados por los demás poderes”, según un comunicado de la CIDH, del 28 de octubre de 2021.

La CIDH, cuyos representantes pudieron constatar la represión en la Nicaragua del 2018, gracias a la visita de su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, creó el 24 de junio de 2018, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), mismo que confirmó más de 328 muertes, más de 2000 heridos y al menos 800 presos políticos durante las protestas de ese año. El organismo afirmó que en el país hubo “graves violaciones a los derechos humanos”.

También opinó que “el gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua es el restablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes”.

Pero esto parece imposible en una Nicaragua donde se aprobaron de manera exprés tres leyes y una reforma a la Constitución que permitiría la prisión a perpetuidad para periodistas que denunciaran políticas represivas del gobierno, denunció Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional se refiere al “tridente de leyes” aprobadas a finales del año 2020; la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley 1040, la Ley Especial de Ciber Delitos, Ley 1042, y una reforma al Código Penal que busca aplicar la cadena perpetua a personas acusadas de cometer “crímenes de odio”.

Arrestos y cierre de organismos no gubernamentales

El pasado 5 de febrero de 2021 la Fundación Violeta Barrios de Chamorro- una organización civil que trabaja por la defensa y consolidación de la libertad de expresión e información en Nicaragua - cerró operaciones debido a la entrada en vigor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, misma que obligaba a las instituciones no gubernamentales del país, a acudir a las oficinas del Ministerio Público para inscribirse como “agente extranjero” y luego ser investigados. Dicha investigación determinaría si la persona y/o la organización, cumplía las características de ser un “agente extranjero, que propicie el menoscabo de la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional”. De violar esta ley, podrían ser multados con entre $500 y $500,000.

Por dicha decisión, la Fundación Violeta de Chamorro ahora es investigada por presunto “lavado de dinero y activos”.

Cristiana Chamorro, periodista, ex directora de esa ONG y precandidata a la presidencia de la república – la más popular para competir contra Ortega, según encuestas de CID Gallup – guarda casa por cárcel desde el pasado 2 de junio.

Cristiana ostentaba una popularidad del 21% antes de ser arrestada, la mayor entre los precandidatos presidenciales de la oposición, quienes juntos sumaban un 46% contra un 33% de Ortega, según la firma encuestadora CID-GALLUP.

El 20 de junio de este mismo año fue encarcelado nuevamente, el periodista y también precandidato presidencial, Miguel Mora, quien sería el candidato elegido del Partido Restauración Democrática (PRD). Mora y Chamorro, pasarían a formar parte de un listado de siete precandidatos de la oposición encarcelados por las autoridades antes de las elecciones celebradas el 7 de noviembre.

El 21 de junio también fue arrestado el cronista deportivo y “twittero”, Miguel Mendoza, quién es investigado por la Fiscalía por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer o gestionar bloqueos económicos comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación”.

“Le velocidad con la cual el gobierno de Ortega ha llevado a cabo esta ola de detenciones antes de las elecciones presidenciales de noviembre, sometiendo a sus críticos a condiciones horrorosas de detención, y acusándolo de delitos sin ninguna base, ni debido proceso, revela que Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”, declaró el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Además de las 42 detenciones llevadas a cabo desde fines de mayo hasta mitad de noviembre de 2021, organizaciones de derechos humanos nicaragüenses indican que otras 114 personas percibidas como críticas, fueron detenidas anteriormente y, hasta agosto de este año, permanecían privadas de la libertad. Muchas llevan más de un año detenidas y enfrentan condiciones abusivas de detención, señala también HRW.

Año difícil para la prensa nicaragüense

Entre el 16 de diciembre de 2020 y el 30 de junio de 2021, el observatorio de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) registró y documentó 98 denuncias de actos de violencia “cometidos contra 63 periodistas y comunicadores varones y 35 periodistas y comunicadoras mujeres”.

La organización de trabajadores de prensa también registró 1,176 agresiones contra la libertad de prensa y de acceso a la información en el mismo período de tiempo. Específicamente en los territorios de León, Managua, Masaya, Carazo, Rivas, Madriz, Matagalpa, Estelí, Nueva Guinea y Bluefields.

Mientras que el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha registrado al menos 30 periodistas que han sido “criminalizados y judicializados” en Nicaragua por ejercer su labor (información hasta noviembre de 2021). Según esta organización, también se han exiliado en los últimos meses al menos 25 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, la mayoría, en Costa Rica.

De igual manera, en pleno contexto electoral, PCIN reportó al menos 54 agresiones contra hombres y mujeres de prensa del 25 de octubre al 7 de noviembre en Nicaragua.

17 de estas agresiones ocurrieron cuando los periodistas intentaron entrar a los centros de votación, los cuales, según el observatorio de Urnas Abiertas, estuvieron vigilados por “oficiales estatales y paraestatales”. Dos periodistas fueron detenidos en la ciudad de Masaya, Mileydi Trujillo y Elvin Martínez, ambos del medio digital Masaya al Día y otros dos que se encontraban en el exilio, sufrieron amenazas a familiares y su persona.

Como se puede apreciar, el gobierno de Ortega ha usado varias formas para callar la opinión pública y cualquier voz que se opone a sus ideas y políticas.

Estas iniciativas van en contra del derecho a la libertad de expresión, un elemento fundamental para la construcción de una sociedad pacífica, democrática y justa. Las y los periodistas forman parte integral de la infraestructura necesaria para el goce efectivo de los derechos humanos. Son personas defensoras de los derechos humanos, cuyo trabajo cada vez más corre riesgo.

A pesar de las circunstancias, el gremio periodístico nicaragüense se ha visto fortalecido por la unidad y trabajo conjunto de diferentes plataformas informativas, periodistas independientes y medios de comunicación. El mejor ejemplo de ellos fue la fundación de PCIN, el 1 de diciembre de 2018.

Dicha organización aglutina a 248 periodistas que se encuentran dentro y fuera de Nicaragua. De igual manera, PCIN tiene filiales en El Salvador, Costa Rica y España, principales destinos de exilio para las y los trabajadores de prensa.

También, se ha visto el nacimiento de al menos 23 plataformas informativas y programas desde el exilio en Costa Rica, donde laboran 56 periodistas, comunicadores y equipos multidisciplinarios, de los cuales 64% de ellos son hombres y 36% son mujeres, según una investigación de periodistas exiliados.

Estos medios de comunicación que están fuera de Nicaragua se han convertido en uno de los bastiones de la prensa independiente que ejerce día con día el derecho a informar, un derecho que en Nicaragua le han arrebatado, pero que fuera de sus fronteras, han logrado conquistar.

Alfonso Malespín Aguilera

[Fotografías: Oscar Navarrete]

Este artículo es parte de la revista de PBI Nicaragua en Costa Rica “Voces nicaragüenses en resistencia”, un proyecto que une distintas voces del exilio nicaragüense en Costa Rica. Se trata de un homenaje a las organizaciones y colectivos nicaragüenses que, desde el exilio, trabajan continuamente en la defensa de los derechos humanos, reuniendo las voces y los testimonios de quienes promueven esta labor a través de la acción no violenta y bajo una cultura de paz.