Los defensores y defensoras de derechos humanos no son criminales - DECLARACIÓN CONJUNTA DE PROTECTDEFENDERS.EU

Bruselas, 29 de noviembre de 2016 - En todo el mundo, los defensores de los derechos humanos son sometidos periódicamente a situaciones de acoso y acusaciones penales falsas destinadas a paralizar, intimidar y deslegitimizar sus actividades por los derechos humanos. Enfrentan dificultades al desarrollar su trabajo en entornos administrativos y legislativos cada vez más restrictivos en los que se niega el derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica. Permanentemente se revocan licencias de ONG de derechos humanos, se embargan cuentas bancarias y se viola su derecho a acceder a fondos extranjeros. Una cantidad creciente de Estados también ha desarrollado un patrón sistemático de obstáculos contra la libertad de movimiento (en particular, mediante el uso de prohibiciones de viaje) de los defensores de los derechos humanos, con la clara intención de aislarlos.

En su primer año de existencia, ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de Defensores de los Derechos Humanos de la UE implementado por la sociedad civil internacional, percibió este fenómeno como una tendencia mundial ascendente que debilita la existencia de un entorno que haga posible el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Solo en 2016, según las investigaciones de ProtectDefenders.eu, más de 425 defensores sufrieron acoso judicial y por lo menos 193 fueron acusados o sentenciados a prisión.

El abuso de los sistemas judiciales penales nacionales y el desarrollo de legislaciones y reglamentaciones restrictivas contra los defensores de los derechos humanos tienen un triple impacto sobre su trabajo. En primer lugar, interfieren prácticamente con sus actividades diarias por los derechos humanos. Los obligan, por ejemplo, a presentarse periódicamente a citaciones, a pasar largos períodos en prisión preventiva o, cuando se los declara culpables, a cumplir con sentencias que les impiden llevar a cabo sus actividades por los derechos humanos. En segundo lugar, contribuyen a la estigmatización de los defensores y las organizaciones de los derechos humanos al presentarlos como delincuentes, lo que, a su vez, le quita legitimación al papel positivo que ejercen en la sociedad.

En tercer lugar, la penalización y el acoso judicial de los defensores tienen un efecto paralizante en la sociedad civil en general y, específicamente, en las comunidades o grupos a los que pertenecen los defensores, lo que en muchos casos conduce a la fragmentación social y al aislamiento de los defensores mismos.

Algunos grupos de defensores han sido el blanco de la penalización por parte de actores estatales y no estatales con más frecuencia debido a los temas con los que trabajan. En particular, suelen ser objeto de acusaciones penales falsas los defensores de los derechos ambientales y a la tierra, y los defensores que trabajan con los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las mujeres (incluyendo los derechos sexuales y reproductivos), los derechos de las personas LGBTIQ, la libertad de expresión, el estado de derecho o temas de rendición de cuentas.

La penalización suele estar acompañada de graves violaciones del derecho a un juicio justo. Los procedimientos penales muchas veces se caracterizan por la falta de independencia del poder judicial, procedimientos sumarios, falta de información al acusado sobre los cargos, obstáculos contra su derecho a defensa y acceso a un abogado, falta de traducción e incumplimiento del principio del carácter público de las audiencias, entre otras violaciones.

Una cantidad creciente de países del mundo ha desarrollado entornos legales represivos que debilitan el ejercicio del derecho a la libertad de asociación (incluyendo el derecho a acceder a fondos), expresión y reunión pacífica. Las restricciones no solo violan estándares de derechos humanos reconocidos universalmente, sino que, también, afectan seriamente los esfuerzos de la sociedad civil para promover y proteger los derechos humanos y asegurar que sea oída la voz de las víctimas de violaciones. Estas leyes y reglamentaciones, así como las prácticas y procedimientos oficiales restrictivos, son extremadamente perjudiciales para el trabajo de ONG y causan una limitación en sus actividades, la penalización de su personal y/o el cierre y la disolución de la organización. En muchos países, estas nuevas leyes y políticas amenazan la existencia misma de una sociedad civil preocupada por los derechos humanos.

ProtectDefenders.eu insta firmemente a todas las autoridades nacionales a:

Reconocer públicamente el papel legítimo y crucial que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la sociedad y condenar sistemáticamente todos los actos de acoso y violencia dirigidos hacia ellos.

- Protegerlos de todo tipo de acoso, en particular en el ámbito judicial, a fin de que puedan llevar a cabo sus actividades de derechos humanos sin ningún impedimento.

- Eliminar todos los obstáculos legales y administrativos que dificulten las actividades de los defensores de los derechos humanos.

- Liberar en forma inmediata e incondicional a todos los defensores de los derechos humanos detenidos y retirar todos los cargos contra ellos, dado que su detención solo tiene por objetivo sancionar sus actividades relacionadas con los derechos humanos.

- Garantizar el derecho a la defensa de todos los defensores detenidos eliminando los obstáculos que les dificultan el acceso a sus abogados y poniendo fin a la práctica de privar a los defensores del apoyo de sus abogados designados al citarlos como testigos del caso.

- Investigar de manera efectiva, transparente e independiente, y sancionar como corresponda a todos los funcionarios públicos involucrados en casos de uso indebido del sistema penal contra defensores de los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia y la reparación para todas las víctimas.

ProtectDefenders.eu también llama a la Unión Europea y sus Estados miembros a:

-  Reconocer públicamente la tendencia hacia la penalización de los defensores de los derechos humanos como un problema urgente que se debe solucionar, como una de las mayores amenazas para la seguridad y el trabajo de los defensores, e incorporarla como un foco prioritario de su estrategia de incidencia sobre los derechos humanos.

-  Trabajar en el desarrollo de un enfoque estratégico para promover los derechos humanos desde una perspectiva global y, en particular, condenar especialmente todas las formas de penalización de los defensores de los derechos humanos

-  Monitorear más estrechamente las tendencias de penalización en los países de mayor conflicto y observar sistemáticamente los juicios contra defensores de los derechos humanos en países con presencia de delegaciones de la UE.

-  Tomar medidas para combatir la estigmatización de los defensores de los derechos humanos por parte de funcionarios públicos: condenar las declaraciones públicas efectuadas por funcionarios públicos que afectan negativamente la imagen y la reputación de los defensores de los derechos humanos y reiterar el efecto perjudicial que tienen; llevar a cabo trabajo de concientización positiva y alentar a los gobiernos a hacer lo mismo. Alentar a órganos gubernamentales y de los medios para tomen medidas afirmativas para limpiar el nombre de los defensores de los derechos humanos, apoyar su trabajo y restaurar su reputación y legitimación.

-  Prestar atención especial a grupos marginados debido a su identidad (como mujeres, LGBTIQ y grupos étnicos o indígenas) que son particularmente vulnerables a todos los tipos de acoso, incluyendo la penalización.


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