En la comunidad de Siempre Viva se visualiza una gran nube de humo que empieza a dispersarse y opacar el paisaje natural de la zona, el Río Indio poco a poco se nubla y deja de reflejar el sol propio de un verano en el municipio de San Juan de Nicaragua. La alerta de las comunidades indígenas y afrodescendientes del 3 de abril de 2018 nos comunica de un incendio forestal en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan que rápidamente se desplazaría hacia la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz.
A partir de este momento se inició una alerta pública sobre lo que ocurría en esta zona alejada de la capital nicaragüense, los medios de comunicación y las redes sociales iniciaban a comunicar la noticia, y nadie sabía que estábamos ante un hecho que cambiaría la historia de nuestro país. La etiqueta #SOSIndioMaiz empezó a viralizarse en todo Nicaragua y fue como el despertar de la conciencia ambiental ciudadana.
El incendio preocupaba mucho por tres razones: la primera, porque el bosque de la zona había sufrido, en noviembre 2016, el impacto del huracán Otto que dejó mucho material vegetativo tumbado; la segunda, porque estábamos en época de verano donde la temperatura sube y hay menor incidencia de lluvias; y tercero, porque la incidencia de los vientos avivaba constantemente y desplazaban de manera rápida el incendio hacia el interior de la Reserva. Es decir, el caldo de cultivo perfecto para que un incendio se propagase y vuelva ceniza todo lo que se encuentre a su paso.
La Fundación del Río empezó a exigir públicamente el actuar del Estado para que atendieran esta emergencia y que decretaran alerta amarilla para valerse de todas las capacidades necesarias y frenar el avance del incendio. Sin embargo, la primera respuesta del Estado fue de silencio, negación y minimización de lo que sucedía, lo que indignó a jóvenes universitarios de la capital, que salieron a la calle a mostrar su inconformidad frente a la negligencia gubernamental.
Desde años anteriores al incendio, ya se había elevado la voz de alerta sobre la situación de deterioro que avanzaba sobre la Indio Maíz, la segunda zona boscosa más importante del país con 2 639 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de la ciudad de Madrid, España. Las denuncias que se hacían sobre la invasión de colonos (invasores), el tráfico de tierra, la deforestación, la ganadería, la extracción de oro y la construcción de infraestructura fueron posicionándose en la conciencia de la población nicaragüenses gracias a las diversas voces de las comunidades indígenas Ramas y afrodescendientes Kriol (dueñas del 70% de la reserva) y organizaciones ambientales locales que trabajaban en la zona.
Por tal razón, cuando iniciaron las primeras protestas de jóvenes universitarios en Managua, otros grupos de la población se sumaron a las calles, de tal manera que el sentimiento de repudio irradió en otras ciudades, como Matagalpa, donde la juventud organizada también hizo protestas públicas. Las respuestas del Gobierno a esas manifestaciones fueron violentas y trataron de callar el reclamo de estos grupos a través del asedio y la represión de turbas vinculadas al partido en el poder, formando parte de los antecedentes inmediatos de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vivimos en Nicaragua.
Mientras eso sucedía a más de 400 kilómetros de distancia de la zona del incendio, el riesgo de perder la enorme biodiversidad en la Indio Maíz se mantenía latente. Dicha reserva alberga unas 369 especies de plantas y unas 550 especies entre anfibios, reptiles, mamíferos, aves e insectos; mucho que perder para un área que forma parte y conecta el Corredor Biológico Centroamericano y Mesoamericano. Al Gobierno no le tocó más que reconocer, aunque de manera tardía, la situación de emergencia que se vivía en la zona, todo esto gracias a la presión social y la incidencia de las organizaciones ambientales que mostraban con mapas satelitales la situación del avance del incendio.
En esos días trágicos de abril 2018, la movilización de brigadas del Ejército de Nicaragua a la zona no fue suficiente para detener la propagación del incendio que cruzaba ríos y ecosistemas, cambiando de manera drástica el paisaje verde que existía. La capacidad nacional para enfrentar el incendio era muy limitada, el país no había invertido en la preparación para este tipo de eventos. Por tal razón, el llamado público del #SOSIndioMaiz se hizo para pedir solidaridad y apoyo internacional. A este llamado acudieron varios países, incluyendo Costa Rica, moviendo una unidad especializada contra incendios forestales. Sin embargo, el 9 de abril el Gobierno nicaragüense rechazó la colaboración ofrecida por Costa Rica para combatir los incendios, avivando nuevamente el descontento social de la población.
Aunque los esfuerzos retrasadosa nivel nacional y la solidaridad internacional ayudaron a neutralizar el incendio, no fue hasta el 16 de abril de 2018 que la madre naturaleza envió la lluvia lo suficientemente cuantiosa para eliminar los últimos reductos del fuego en la zona. El incendio calcinó unas 6 788 hectáreas de bosque tropical húmedo y ecosistemas de yolilllal, determinando el presunto origen del incendio forestal como una quema agrícola descontrolada y provocada por un productor que se presume estaba ocupando ilegalmente parte del territorio indígena y afrodescendiente; un fenómeno que desde 2009 se ha venido intensificando, según el Gobierno Territorial Rama y Kriol.
Luego de tres años del incendio, la situación de deterioro de la Reserva Biológica Indio Maíz continúa, y mientras el Gobierno hacía un “llamado urgente a preservar y recuperar los bosques como la mejor forma de enfrentar el cambio climático” durante el Foro de Vulnerabilidad Climática de la COP26 el 2 de noviembre de 2021, Nicaragua es el país con la tasa de deforestación más acelerada del mundo. En la Reserva Indio Maíz, las denuncias de los procesos de invasión, de la extracción de oro y del avance de las áreas ganaderas dentro su zona núcleo son el pan de cada día. El último mapa que realizó Fundación del Río, nos muestra que para 2020, el 23% del bosque se encuentra deforestado, degradado o en regeneración natural.
Sin embargo, el 76% del bosque se encuentra conservado, lo que mantiene la esperanza de seguir luchando por esta importante reserva natural y mantener el espíritu de la conciencia ambiental de la ciudadanía que también despertó en abril del 2018.
La represión del Estado nicaragüense hacia las personas defensoras de los derechos humanos y de la tierra han posicionado al país, como el más mortífero del mundo para la defensa del medio ambiente y de la tierra per capita en 2020. El modelo de criminalización de las personas defensoras de derechos ambientales en Nicaragua se repite en muchos países, donde alzar la voz significa exponerse, hasta tener que desplazarse o exiliarse para proteger su integridad física. Tenemos que seguir denunciando el actuar de los gobiernos en materia ambiental, y contribuir a crear un contexto para un desarrollo justo, para evitar que se continúe los impactos adversos sobre los ecosistemas, territorios y comunidades.
Amaru Ruíz Alemán | Fundación del Río
[Fotografía: Otto Mejia]
Este artículo es parte de la revista de PBI Nicaragua en Costa Rica “Voces nicaragüenses en resistencia”, un proyecto que une distintas voces del exilio nicaragüense en Costa Rica. Se trata de un homenaje a las organizaciones y colectivos nicaragüenses que, desde el exilio, trabajan continuamente en la defensa de los derechos humanos, reuniendo las voces y los testimonios de quienes promueven esta labor a través de la acción no violenta y bajo una cultura de paz.